Sobre la sostenibilidad de las pensiones

El sistema público de pensiones del Estado español está más que garantizado para unas cuantas décadas, pero su futuro dependerá de nuestra claridad en la línea política y nuestra fuerza para defenderlo ante el saqueo de los enemigos de siempre. Es importante afirmar con rotundidad y contra la opinión mayoritaria de que no se trata de una cuestión técnica, de insostenibilidad como tanto se afirma en los medios con sendas pirámides de población y contradictorios alegatos al recorte, sino de clara y tajante lucha de clases.

Hay en marcha un plan a medio y largo plazo de las clases dominantes para hacerse con lo que consideran un suculento botín, pero el silencio mediático sobre ello es abrumador. Actualmente las pensiones son en parte garantes de la paz social en la difícil y sostenida crisis de sobreproducción que sufrimos, pues el 34% de los hogares tiene como principal fuente de ingresos alguna pensión pública y el 7,25% de los jubilados mantiene totalmente a familiares en paro de larga duración, generalmente hijos retornados o incluso familias completas con menores. Además las pensiones en España son bajas —el 53% por debajo de los 700 €— y se destina a ellas tres puntos menos del PIB que la media europea —10,4% frente al 13,4%— mientras se financian exclusivamente con las cotizaciones de salarios cada vez más devaluados (precariedad, bajos salarios, becarías y tiempo parcial) en sus tramos bajos y medios. Margen hay de sobra para dotar a las pensiones con partidas directas del presupuesto, como en otros países europeos, pero se insiste por decisión política meditada en la insostenibilidad contemplando el asunto de manera aislada e insistiendo en el falso dilema de que el sistema público quebrará si no se bajan las pensiones. La finalidad aquí es clara, el desprestigio y degradación de las pensiones públicas buscando el fomento de los fondos privados que atrapen el ahorro de millones de trabajadores, tras décadas donde de forma voluntaria esto no ha funcionado como esperaban.

El primer paso de dicho plan ha sido sostenido durante años: el desprestigio del sistema, el miedo y la culpabilización de la población.

A finales de los años ochenta, el ministro de economía de Felipe González, Solchaga, ya afirmaba con alarmismo que el sistema de pensiones estaba en peligro, era insostenible y que para 2010 dejaría de existir. Hemos pasado dicha fecha y el discurso sigue ahí, intacto en su catastrofismo, junto al sistema de pensiones y los medios de propaganda en unas aún más concentradas manos. Los argumentos siempre han sido los mismos: la tasa de natalidad es muy baja sin fomentar la misma, la longevidad de la población manteniendo a más de la mitad de los jóvenes en el paro, la llegada de la generación baby-boom al tramo de pensionistas y el desequilibrio entre activos-pasivos.

No se contempla el aumento progresivo de la productivdad demostrado por la historia, la mejora de las condiciones salariales que aumenta ingresos, ley orgánica de pensiones derogando las reformas del PSOE (2010) y del PP (2013) que condenará a la pobreza a los pensionistas, la salida del euro para recuperar la soberanía monetaria, la reducción de la tasa de paro con políticas de empleo, la incorporación de la mujer al mundo laboral tras generaciones de ostracismo, la aportación de la inmigración, en retorno de nuestra emigración al mejorar condiciones, la sostenibilidad presupuestaria con reforma fiscal progresiva y muchos puntos más que hay que tener en cuenta en un tema como este.

El segundo paso está siendo el saqueo de las reservas.

El gobierno de Rajoy ha sacado desde 2011 (la última en julio de 8.700 millones) dos tercios del Fondo de reserva de la Seguridad Social, la llamada “hucha de las pensiones”, mientras invertía 97% de sus activos en bonos de deuda españoles en vez de no “meter todos los huevos en la misma cesta” repartiendo en deudas europeas. ¿Por qué se tira del Fondo de reserva? Por la caída de ingresos en la S.S. como consecuencia de dos cosas: la bajada de cotizantes por el aumento de despidos, los ERE y el elevado desempleo; sumado a la disminución de las bases de cotización por la devaluación salarial aplicada. Por tanto, la caída de ingresos es resultado directo de la política de austeridad y de las reformas laborales del PP-PSOE.

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Este fondo se creó en el año 2000 para momentos como este, de desequilibrio (pérdida de 2,9 millones de cotizantes entre 2007 y 2013), pero el gobierno se está limitando a saquearlo a corto plazo. Esas exitosas compras de deuda tan celebradas por la “confianza financiera manifestada en el Partido Popular”, y que han endeudado nuestro país por encima de su PIB anual, son autocompras del mismo que luego son utilizadas para financiar el saneamiento de la banca privada y los 61.000 millones de euros que generosamente les hemos regalado. Ahora esa misma clase financiera quiere manejar un mayor porcentaje de nuestra escasa capacidad de ahorro, vía fondos privados o con un entramado mixto,  aunque se hayan demostrado insostenibles, mientras salen impunes del expolio.

El tercer y último paso es la destrucción meditada del propio sistema de pensiones, la devaluación de nuestro nivel de vida para no devaluar el euro y la tradicional negación de alternativas.

Las mejoras para los empresarios reduciendo sus cotizaciones hasta alcanzar la reciente caída de 2.500 millones en la recaudación de la S.S. son un mero ejemplo. En general se fomentan las SICAV, el fraude fiscal masivo de la burguesía, bajos impuestos para ellos, elevados impuestos a pymes y trabajadores, devaluación de las pensiones vendidas como subidas y el silencio sobre habilitar que las pensiones puedan recibir vía presupuestos o incluso financiarse con bonos, cuando así lo requiera una situación de desequilibrio para garantizar su prestación.

Si la sanidad, la defensa, infraestructuras, interior y todos los sectores restantes se mantienen vía presupuestos, ¿por qué las pensiones, un derecho constitucional, se encierran en las cotizaciones? Es absurdo, ya que las pensiones no deben depender de la pirámide de población sino de la riqueza del país; pero así es como avanzamos, hacia atrás, ya que liquidar el sistema público que tanta lucha pasada costó conseguir es una decisión política planificada de la que deberán dar cuenta los responsables en el futuro.

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Para terminar, advertir que en cualquier momento bancos y compañías de seguros lanzarán una campaña arrolladora contra las pensiones públicas. Se utilizará otra vez la crisis como excusa para una estafa de proporciones bíblicas transformando un sistema de reparto y solidaridad en uno de capitalización a través de planes y fondos privados.

El sistema público de pensiones se puede salvar pero para ello es imprescindible que no se interioricen las falacias vertidas y que nos esforcemos en desmontarlas; porque como dije al principio, y no está de moda hacerlo, no se trata de una cuestión técnica sino de pura lucha de clases.

Miguel G. Macho

Publicado en la revista de Red Roja, páginas 10-11 del número 10 en septiembre de 2016[PDF]

3 thoughts on “Sobre la sostenibilidad de las pensiones”

  1. AmadoGranell says:

    Muy bueno y aporta pinceladas muy importantes para comprender la realidad.

  2. anon62 says:

    no tenia ni idea de esto…ynadie lo esta diciendo,es cierto.

  3. Miguel G. Macho says:

    Gracias a ambos por vuestros comentarios.

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